Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los
siguientes:
I.- Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de
los que les corresponda, sin tener impedimento legal para ello;
II.- Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley les prohíba;
III.- Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohiba el ejercicio de su profesión;
IV.- Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen;
V.- No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior competente,
sin causa fundada para ello;
VI.- Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por
violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en
juicio u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita,
dentro de los términos dispuestos en la ley;
VII.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una
ventaja indebidos;
VIII.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia;
IX. Abstenerse injustificadamente de ejercer la acción penal que corresponda de una persona
que se encuentre detenida a su disposición como imputado de algún delito, cuando esta sea
procedente conforme a la Constitución y a la leyes de la materia, en los casos en que la ley
les imponga esa obligación; o ejercitar la acción penal cuando no proceda denuncia,
acusación o querella;
X.- Detener a un individuo fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo
del señalado en la Constitución;
XI. Se deroga.
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XII. Derogada.
XIII.- Ocultar al imputado el nombre de quien le acusa, salvo en los casos previstos por la ley, no
darle a conocer el delito que se le atribuye o no realizar el descubrimiento probatorio
conforme a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales;
XIV. Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que
motive el procedimiento;
XV.- Imponer gabelas o contribuciones en cualesquiera lugares de detención o internamiento;
XVI. Demorar injustificadamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en las que se
ordene poner en libertad a un detenido;
XVII.- No dictar auto de vinculación al proceso o de libertad de un detenido, dentro de las setenta y
dos horas siguientes a que lo pongan a su disposición, a no ser que el inculpado haya
solicitado ampliación del plazo, caso en el cual se estará al nuevo plazo;
XVIII.- Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley;
XIX. Abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste
previamente, conforme a lo dispuesto por la ley;
XX.- Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa de libertad,
o en casos en que no preceda denuncia, acusación o querella; o realizar la aprehensión sin
poner al detenido a disposición del juez en el término señalado por el artículo 16 de la
Constitución;
XXI. A los encargados o empleados de los centros penitenciarios que cobren cualquier cantidad a
los imputados, sentenciados o a sus familiares, a cambio de proporcionarles bienes o
servicios que gratuitamente brinde el Estado para otorgarles condiciones de privilegio en el
alojamiento, alimentación o régimen;
XXII.- Rematar, en favor de ellos mismos, por sí o por interpósita persona, los bienes objeto de un
remate en cuyo juicio hubieren intervenido;
XXIII.- Admitir o nombrar un depositario o entregar a éste los bienes secuestrados, sin el
cumplimiento de los requisitos legales correspondientes;
XXIV.- Advertir al demandado, ilícitamente, respecto de la providencia de embargo decretada en su
contra;
XXV.- Nombrar síndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona que sea deudor,
pariente o que haya sido abogado del fallido, o a persona que tenga con el funcionario
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relación de parentesco, estrecha amistad o esté ligada con él por negocios de interés
común; y
XXVI.- Permitir, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las personas que están
recluidas.
XXVII. No ordenar la libertad de un imputado, decretando su vinculación a proceso, cuando sea
acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena no privativa de libertad o
alternativa;
XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren
en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o
resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales;
XXIX. Se deroga.
XXX. Retener al imputado sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes
respectivas;
XXXI. Alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del hallazgo,
indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o
el procedimiento de cadena de custodia;
XXXII.- Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate o favorecer que
el imputado se sustraiga a la acción de la justicia;
XXXIII. Obligue a una persona o a su representante a otorgar el perdón en los delitos que se
persiguen por querella; y
XXXIV. Obligue a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones
de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo.
XXXV. A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad o con motivo de ellas hiciere
amenazas, hostigue o ejerza violencia en contra de la persona procesada, sentenciada, su
familia y posesiones;
XXXVI. A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad indebidamente requiera favores,
acciones o cualquier transferencia de bienes de la persona procesada, sentenciada o su
familia;
XXXVII. A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad falsee informes o reportes al Juez de
Ejecución.
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A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XX, XXIV, XXV, XXVI,
XXXIII y XXXIV, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de treinta a mil cien días multa.
A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI y XXXVII se le impondrá pena de
prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa.
En caso de tratarse de particulares realizando funciones propias del supervisor de libertad, y con
independencia de la responsabilidad penal individual de trabajadores o administradores, la organización
podrá ser acreedora a las penas y medidas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
estipuladas en este Código.
Reforma DOF 18-07-2016: Derogó del artículo el entonces párrafo cuarto (antes reformado DOF 17-05-1999)
CAPITULO II
Ejercicio indebido del propio derecho
Capítulo adicionado DOF 13-01-1984