Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y
responsable de cada Persona Servidora Pública, en el marco del respeto a los derechos humanos, la
buena administración pública y la perspectiva de género.