Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de
México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media
superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la
fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del
Estado concientizar sobre su importancia.
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
Párrafo tercero. Se deroga.
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de
derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las
libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la
justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso,
permanencia y participación en los servicios educativos.
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se
reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de
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formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para
cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.
La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en
sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en
coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la educación
previstos en este artículo.
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de
supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en
igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos,
transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia
necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados
de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún
caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que
se refiere la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones.
El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las
escuelas normales, en los términos que disponga la ley.
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza
aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal
determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de
estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de
los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación,
así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y
contextos, regionales y locales.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo
que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-
escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las
lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en
especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, el
cuidado al medio ambiente, la protección de los animales, entre otras.
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto,
se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico,
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Además:
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a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión
de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra
independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la
naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la
convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de
derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de
individuos;
d) Se deroga.
e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio
pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades
socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los
servicios educativos.
En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que
mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter
alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el
establecimiento de políticas incluyentes y transversales.
En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a
ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades.
En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural
basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural;
f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades
de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes
razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las
barreras para el aprendizaje y la participación;
g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades
para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión
social;
h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas
capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su
bienestar, e
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i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el
máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento
crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad;
III. Se deroga.
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación
tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y
tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual
deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación,
vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos
que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los
estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar,
primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo
cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los
párrafos décimo primero y décimo segundo, y
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los
términos que establezca la ley;
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus
fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo,
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas;
determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia
de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del
personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de
esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del
Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que
concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las
instituciones a que esta fracción se refiere;
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República,
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas
correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios
que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos
que las infrinjan;
IX. Se deroga
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X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y
locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en
términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo
para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.