Artículo 111. Para proceder penalmente contra las y los diputados y las y los senadores al Congreso
de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados del
Tribunal Electoral, las y los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las y los integrantes del Pleno
del órgano de administración judicial, las y los secretarios de Despacho, la o el Fiscal General de la
República, así como la o el consejero Presidente y las consejerías electorales del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de
Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a
proceder contra la persona inculpada.
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado
haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades
competentes para que actúen con arreglo a la ley.
Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la
Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores
resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra las personas titulares de los poderes
ejecutivos de las entidades federativas, diputadas y diputados locales, magistradas y magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso, integrantes de los Tribunales
de Disciplina Judicial y órganos de administración judicial Locales, y las y los integrantes de los
organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo
procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será
para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones
procedan como corresponda.
Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 28-12-
1982) Senadores son inatacables.
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su
encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá
reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el
ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá
declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose
de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los
daños o perjuicios causados.